SILVEMA SOLICITA AL GOBIERNO ANDALUZ QUE SOMETA A LOS CAZADORES A LAS MISMAS RESTRICCIONES QUE AL RESTO DE LA CIUDADANÍA

La asociación muestra su disconformidad con la excepción introducida por la Junta de Andalucía en su política de restricción de la movilidad para hacer frente a la pandemia de la COVID-19 según la cual, se permiten los desplazamientos para actividades de caza mayor y menor, en concreto “monterías,  batidas,  batidas  de gestión, ganchos, en  mano  con  escopeta, recechos,  aguardos y control de población de conejos”.

Pese a que el Gobierno andaluz admite que la caza es una actividad de ocio y recreativa, justifica su decisión en una supuesta gestión de los equilibrios biológicos y ecológicos en los ecosistemas naturales.

Para Silvema Serranía de Ronda-Ecologistas en Acción, la  gestión  de  los equilibrios biológicos y ecológicos  en  los  ecosistemas  naturales llevados a cabo  pretendidamente  por  cazadores,  resulta  un  verdadero  eufemismo de  una  actividad  meramente  deportiva,  dramática  y  escasamente  asumida  por  la sociedad. Dicha gestión, en el actual escenario de pandemia y caso de demostrarse necesario,  debería  ser  tratada  puntualmente a partir de informes técnicos y científicos y no  estar  sujeta  al  arbitrio  de  la actividad cinegética.

La actividad de gestión  de los equilibrios  biológicos y ecológicos debe estar supervisada  por agentes ambientales, los cuales abordan dedicaciones muy diversas e imprescindibles en este tiempo, lo que hace incomprensible que esta gestión quede en manos del colectivo de los cazadores, y en especial en el presente período en que debiera suprimirse dicha actividad. 

Por otro lado, subrayamos que los desplazamientos para cacerías se realizan, en general, en vehículos ocupados con más de dos personas  lo que supone un riesgo de contagio no valorado más aún al desplazarse sin limitaciones entre municipios.

Consideramos  que  resulta   innecesario  e  incluso temerario  que  se  plantee  a  la  sociedad  que  deba  asumir  el  riesgo  implícito  al trasiego intermunicipal de personas por tan injustificada argumentación.

 Es  evidente  que  la  emergencia  sanitaria  actual, con casi 1.600 casos confirmados de COVID-19 y 38 fallecidos en nuestro distrito sanitario, supera  cualquier  otra  cuestión  como  las aducidas  para  autorizar  la  actividad  de  la  caza.

La permisividad del Gobierno autonómico con la caza mayor contrasta con la limitación de movimientos que impone a toda la población en general, incluyendo a entidades como las organizaciones ambientales. Ello supone un grave inconveniente ya que una parte importante  de su labor voluntaria se realiza en los espacios naturales y urbanos de toda la provincia. Sin embargo,  como  no  puede  ser  de  otra  forma,  asumimos la  normativa  con responsabilidad dada la gravedad de la situación. 

Por todo ello, reclamamos que se  proceda,  durante  este  período de restricciones que nos afecta a todos, a suspender las actividades  de todas  las  modalidades  de  caza, por  ser  una  medida  insuficientemente  justificada que minusvalora el riesgo real de transmisión  de  la  pandemia  por  parte  de  la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.